El ministro de Seguridad Pública y presidente de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, Juan Manuel Pino F., presidió ante el Consejo Directivo la segunda reunión ordinaria en donde se explicó avances, acciones estratégicas para prevenir, investigar, sancionar, atención y protección de las víctimas de trata de personas.

En su intervención, el Ministro dijo estar consciente de la magnitud e importancia que ha adquirido el fenómeno de la trata de personas a nivel mundial, como uno de los problemas más atroces que atentan contra los derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“Panamá, por su posición geográfica, es un país de origen, tránsito y destino de este flagelo, problemática que se agrava por la vulnerabilidad de las personas migrantes en condición irregular y las cuales se mantienen en constante movilidad dentro del territorio nacional”, agregó el ministro Pino. 

Instó a unir esfuerzos y acciones para la implementación del Plan Nacional 2022-2027, aprobado en la sesión, la cual contempla cambios originados por la pandemia de la COVID-19, con una nueva cultura de combate y prevención de la trata de personas.

De esta forma, agregó, se consolidan los mecanismos interinstitucionales de detección e identificación de víctimas para su protección y asistencia, que incluye el retorno y reintegración de víctimas nacionales o extranjeras, que facilita su recuperación integral y la promoción de la denuncia ciudadana.

La Secretaria General de la Comisión Encargada y directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, Dayra Campos, destacó que mediante el eje de prevención se ha logrado sensibilizar a 2 mil 855 personas, a través de jornadas de volanteos y en los últimos tres años se ha capacitado a 7 mil 312 personas sobre este flagelo

En cuanto al eje de atención y protección a víctimas, la directora Campos explicó que el gobierno panameño ha dado ayuda humanitaria, logró la primera inserción laboral y se dio el retorno voluntario exitoso de una víctima costarricense en condiciones no habituales debido a la pandemia.

De 2019 hasta la fecha, en Panamá de los 96 casos identificados como trata de personas, 72 han sido identificadas de forma plena y 24 no han sido víctimas de este delito. Las provincias de mayor incidencia de casos de trata de personas son Panamá, Herrera y Chiriquí.

Por otro lado, de las 72 víctimas identificadas de forma plena, 46 fueron atendidas. Seis eran panameñas; 24 retornaron voluntariamente a sus países; se otorgó 34 permisos humanitarios de protección prorrogables y hubo ocho casos con categoría migratoria de “Crisol de Razas”. En total, 52 tratantes han sido condenados por este delito.

En lo que va de 2022, la Procuraduría General de la Nación registra 204 denuncias del presunto delito de trata de personas en el país. De estas, 162 han sido mediante el Sistema Penal Acusatorio y 42 por el Sistema Inquisitivo Mixto.