Una gira de trabajo para conocer las experiencias y prácticas positivas en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en la República de Colombia, realizó el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs. La misión, encabezada por Riggs, incluyó al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Crispiano Adames, a los diputados miembros de la comisión legislativa de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, cuyos participantes visitaron la Fiscalía General de la Nación de Colombia, así como la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de la administración de bienes sometidos y medidas de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país sudamericano. El Secretario General del Minseg indicó, que la observación de primera mano permitió que los diputados conozcan ampliamente el funcionamiento de la Ley de Extinción de Dominio en Colombia, la cual tiene vigencia desde hace 30 años, con el objetivo de minimizar la capacidad financiera de los grupos criminales. “Se trata de un mecanismo especial de persecución criminal y administración de justicia, que utiliza Colombia para lograr que los fondos y bienes de procedencia ilícita, por narcotráfico y el crimen organizado, puedan recuperarse en favor del Estado, y vayan directamente a la educación de niños y jóvenes dentro de los programas de prevención”, explicó Riggs. Por su parte, la encargada de la Dirección de la Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Cierra, indicó que es de suma importancia que Panamá sea parte del bloque de países que ya tienen una Ley de Extinción de Dominio. “Estas organizaciones migran a países que no tienen este tipo de mecanismos, donde no se les ve afectado su músculo financiero y es la razón por la que Panamá debe unirse a los países latinoamericanos que tienen una legislación de este tipo”, indicó la funcionaria. Añadió que durante los dos últimos años se ha logrado incautar más de cinco millones de dólares, producto de bienes ilícitos en Colombia. Constanza Cifuentes, vicepresidenta de la Sociedad de Muebles e Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, explicó que la Ley de Extinción de Dominio exige tener transferencias específicas cuando se incautan bienes, que consiste en entregar un 25% para la Fiscalía, 25% para la rama judicial, 10% a la Policía Nacional de Colombia y un 40 % para que la Presidencia de la República realice proyectos preventivos. Cifuentes informó que el año pasado, producto de las incautaciones y decomisos, se pudo recaudar más de 80 millones de dólares, que fueron transferidos a las entidades mencionadas. El proyecto de Ley 625 de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados en Panamá, el pasado 28 de abril por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. Este proyecto, pretende establecer un marco jurídico que le permita al Estado panameño recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia y persecución criminal.