Con los operativos en conjunto de los estamentos de seguridad, se ha logrado durante los primeros 15 días del mes de octubre, una disminución sostenida en los casos de homicidios dolosos. En 2020 se registraron 400 homicidios; en 2021 fueron 395 homicidios y en lo que va de 2022 van 354 homicidios.

Una variable fundamental a considerar es que, solo en los años 2020, 2021 y 2022 se ha decomisado más drogas, que en los últimos tres periodos de gobierno juntos, lo cual demuestra que esto ha impactado considerablemente las finanzas de los grupos criminales, con lo cual se ha logrado minimizar la capacidad operativa y la distribución de droga que genera hechos violentos por la comercialización, venta y consumo de estas sustancias ilícitas.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informa, que estos datos estadísticos, que demuestran la efectividad en la gestión de seguridad, contrastan con las declaraciones de exfuncionarios de administraciones pasadas, que emiten criterios políticos sesgados para abordar temas técnicos, sobre la dinámica de la criminalidad que requieren de formación, conocimiento, experiencia y objetividad.

Las políticas públicas deben trascender los gobiernos y además deben ser sostenibles en el tiempo. En materia de seguridad, la delincuencia se transforma y el crimen organizado utiliza los recursos económicos obtenidos para financiar la comisión de delitos y hechos violentos.

Es por ello, que el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, logró la incorporación al marco jurídico nacional de la Ley No. 328 de 10 de octubre de 2022, que establece la política criminológica en la República de Panamá, instrumento que permitirá el desarrollo e implementación de las políticas necesarias, que privilegian la prevención de las conductas delictivas, sin improvisación, sustentada en una herramienta científica, alejada de la política sectorizada y caracterizada por la estrategia, coherencia y coordinación de los distintos entes que intervienen en la prevención del delito, la rehabilitación y reinserción de las personas que han delinquido. 

La política criminológica generará un impacto positivo en la sociedad y logrará la recomposición del tejido social, al promover  una cultura de paz, con una visión de Estado, para el tratamiento de la conducta criminal, donde prevalezca la educación, la cultura, el deporte, las relaciones humanas pacíficas, generar un proyecto de vida para niños, niñas, adolescentes, rehabilitar y resocializar a las personas que han delinquido para evitar la reincidencia y multireincidencia, lo cual permitirá fortalecer la seguridad ciudadana y lograr una mejor calidad de vida para todos.

Paralelamente, el ministro Pino mantiene abierto el foro del debate en la Asamblea Nacional de Diputados, sobre el Proyecto de Ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, que busca debilitar el  músculo financiero y la capacidad operativa de  las organizaciones criminales.

El debate permitirá generar un consenso para la futura incorporación al marco jurídico del país, de esta legislación enfocada en atacar los bienes de origen o destinación ilícita, lo cual deja claro a las nuevas generaciones que el delito no paga.

La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, que dirige el ministro Pino, desarrolla acciones, planes y proyectos de prevención para evitar que jóvenes en riesgo social y condiciones de vulnerabilidad, sean víctimas de las organizaciones criminales.

Pero además desarrolla acciones policiales represivas que se demuestran con la cantidad de personas detenidas y puesta a órdenes de las autoridades competentes por los estamentos de seguridad, la cantidad de operaciones antipandillas,  dineros ilícitos incautados y cifras récord de toneladas de drogas incautadas.

A través de la Oficina de Seguridad Ciudadana, los estamentos de seguridad impulsan programas como vecinos vigilantes, ganaderos vigilantes, restaurantes vigilantes, bancos vigilantes, comercios vigilantes, transportistas vigilantes, entre otros, con el interés de mantener una buena comunicación y desarrollar acciones de prevención del delito.

De igual forma, se desarrollan otros programas preventivos y de fortalecimiento de valores, dirigidos a la familia y a la niñez.

Una de las estrategias emprendidas por el gobierno pasado, de disminuir los homicidios mediante el “Programa Barrios Seguros”, que consistía en otorgar bonos a integrantes de pandillas, a cambio de “resocializarse” mediante la educación, terminó en un desastre económico para el Minseg, al punto que fue cerrado en el propio gobierno de la administración pasada y hoy día, tienen casos pendientes en los tribunales.

Barrios Seguros pagaba un incentivo a personas en conflictos con la Ley para dejar el delito como modo de vida, el cual no fue sostenible en el tiempo y los promotores del proyecto nunca midieron los resultados.