El procurador general de la Nación (PGN), Javier Enrique Caraballo Salazar; el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) Jonathan Riggs y la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) Elsa Fernández, iniciaron el Congreso General Internacional Anticorrupción hoy martes, 5 de diciembre de 2023, con la participación de procuradores, fiscales generales, jueces y magistrados de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y Colombia, con el respaldo del programa de Justicia de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL, de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. En la apertura del encuentro, que tiene como objetivo intercambiar estrategias y acciones entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil para combatir el flagelo de la corrupción, también participaron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada María Eugenia López, y el ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, John Barret. Durante el desarrollo de esta actividad se dio a conocer la “Guía para la Prevención y Persecución de la Corrupción en el sector público y privado, un documento de consulta social para promover la transparencia, la ética y la responsabilidad en todos los sectores, la cual es de acceso público a través de los portales de la PGN y de Antai https://ministeriopublico.gob.pa/ y https://www.antai.gob.pa/, respectivamente. En las palabras de apertura del Congreso Internacional Anticorrupción el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, manifestó que “la corrupción es un mal que carcome los cimientos de la justicia, la igualdad y el desarrollo, que no respeta fronteras, niveles sociales ni económicos; además, socava los valores éticos y morales y se infiltra en las instituciones públicas y privadas, erosionando la confianza ciudadana, perjudicando la economía y el bienestar de las naciones”. El Congreso General Internacional Anticorrupción se realiza igualmente en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre, designado por las Asamblea General de las Naciones Unidas y en cumplimiento al Memorando de Entendimiento Anticorrupción, firmado el 22 de abril de 2022, entre la Procuraduría General de la Nación, el Minseg y la Antai. Por su parte, el secretario general del Minseg, Jonathan Riggs resaltó que, “con el desarrollo de este evento se busca estrechar lazos de cooperación e implementar mejores prácticas que permitan contrarrestar la corrupción, a través de lecciones integrales que fortalezcan la conciencia cívica, el respeto a los derechos humanos, el autocontrol y elevar los niveles de probidad en los funcionarios públicos y los diversos actores de la sociedad civil”. Durante su intervención, la directora de la Antai, Elsa Fernández, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional, lograda a partir de la firma del al Memorando de Entendimiento Anticorrupción. “Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar tanto al sector público como al privado en la lucha contra la corrupción y promover buenas prácticas institucionales para reducir los actos corruptos”. Al tiempo que aseguró que la prevención de la corrupción no es un esfuerzo aislado, sino una tarea colectiva que requiere la colaboración de todos y todas”, además del fortalecimiento de las instituciones judiciales y de aplicación de la ley. Participan en este congreso internacional la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar; Fiscales Anticorrupción de la República de Perú, Costa Rica y Panamá; jueces especializados de Perú; así como consultores especializados en Gobierno Abierto, Gobierno Corporativo, Ética y Transparencia, Crimen Organizado y Evidencia Digital, de Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá para sentar, con su experiencia, las bases sólidas para la lucha del fenómeno de la corrupción. En el marco del Congreso Internacional Anticorrupción se han organizado igualmente dos jornadas dirigidas a comunicadores sociales y a la comunidad académica, reconociendo la importancia del rol de fiscalización del bien público y en la presentación de denuncias de actos de corrupción; así como la necesidad de reforzar la formación de hombres y mujeres para el combate a este flagelo, cuyas repercusiones inciden en el bajo desarrollo de los países y la privación de derechos sociales.
